Según la directiva europea sobre accesibilidad web, que podría entrar en vigor a partir del próximo mes de noviembre, los portales públicos no sólo deberán ser accesibles sino que, además, deberán remitir documentos que verifiquen dicha accesibilidad.

 

A este respecto, Elena Muñoz, jefa del Área de Sistemas Telemáticos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, afirmó que "esta directiva europea va a afectar en España a 139 organismos públicos, más de 8.000 ayuntamientos y a 17 comunidades autónomas. De momento, hemos creado un observatorio de portales públicos para mejorar la accesibilidad de estas páginas. Cerca del 50% de los portales revisados no cumplen con esta normativa europea. Los peores son los ayuntamientos de mediano tamaño y los mejores las administraciones públicas de gran capacidad y esto significa que aún nos queda trabajo para mejorar".

 

Durante la inauguración de la jornada, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, subrayó que "la accesibilidad universal sigue siendo una cuestión pendiente. Se dice que tenemos demasiadas normas, pero todavía faltan leyes para hacer de la accesibilidad universal una realidad y el problema es que la propia Unión Europea no termina de creerse esto de la accesibilidad porque es muy lenta en el establecimiento de las normativas. Por ello, el movimiento asociativo sigue siendo fundamental".

 

En los mismos términos se expresó Loic Martínez, doctor en Informática y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, quien destacó que "en el campo de la accesibilidad, las TIC son fundamentales pero la norma UNE 301.549 de 'Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa' debía haber entrado en vigor el pasado mes de abril".

 

Hacer posible la accesibilidad universal es un requisito esencial, ya que, según añadió el moderador de la jornada, Gabriel López, regulatory affairs lead en Microsoft, "80 millones de europeos tienen algún tipo de discapacidad, de los que el 47% están desempleados. Unas cifras que aumentarán con el envejecimiento de la población, por lo que hay que hacer realidad esta accesibilidad universal".

 

Por ello, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad se creó el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (Centac), cuyo director de Accesibilidad, Juan Carlos Ramiro, explicó que uno de los objetivos de este organismo es acercar las TIC a este colectivo y, para ello, "este centro es una herramienta en sí misma, ya que es un generador de conocimiento entre las administraciones, las empresas y los usuarios".

 

A este respecto, Jesús Hernández, director Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, destacó la falta de formación en materia de accesibilidad y consideró que debería ser una asignatura en la universidad, por lo que desde este organismo se desarrollan varios cursos y se ofrecen herramientas para satisfacer esta necesidad.

 

El Estándar Europeo de Accesibilidad se basa en la norma EN 301 549, que establece los criterios legales para la compra pública de servicios TIC. El estándar vela por el cumplimiento de un grado de calidad en la compra tanto pública como privada de productos y servicios relativos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

 

Jorge Botella, consejero del Área de Derecho Público de Cuatrecasas, afirmó que la mejora de la accesibilidad "es un tema apasionante", aunque advirtió de que "desde el punto de vista jurídico es un poco complejo, porque tenemos, como es habitual, una cierta dispersión normativa". A su juicio, este aspecto se suma al retraso en la transposición de la Directiva Europea de Accesibilidad, algo que como recordó, debería haberse hecho en abril. Eso sí, puntualizó que hay muchas situaciones específicas en las que la normativa comunitaria puede aplicarse para que se vayan generando efectos positivos en la práctica.

 

Manuel Arenilla, director del Instituto Nacional de Administración Pública, fue el encargado de clausurar el acto y subrayó que "no podemos permitirnos arrinconar a aquellos ciudadanos con discapacidad porque vivimos en una sociedad democrática, por lo que las administraciones públicas tienen un importante papel a la hora de hacer realidad la inclusión social".